Justicia, no imitación

Marcos caminaba con un paso rápido a la famosa tienda de la esquina. Su madre le había pedido que comprara tres sobres de sopa de tomate, pues desde hace dos semanas anhelaba saborear un plato. Él siempre cumplía con lo que su madre le pedía y esta vez no fue la excepción.

 

Pasaron las horas, pero Marcos no regresaba. Su madre le marcó mil y una veces, y su hijo no le contestaba. Quién hubiera pensado que Marcos nunca regresaría. Fue secuestrado y mutilado por un maleante que caminaba por la misma calle esa noche. Maldito desgraciado.

 

Esta es solo una de las injustas realidades a las que los guatemaltecos están expuestos en su entorno más cercano. Robos, violaciones y acosos son solo algunas de las otras situaciones que completan la lista. ¿Cómo un país puede actuar para eliminar la aparición de estos desdichados episodios?

 

Una propuesta que un colectivo tiene es erradicar a los individuos que provocan los problemas y los contagian a toda la sociedad. ¿A qué me refiero? A la muerte de los delincuentes en Guatemala. Así de sencillo.

 

Según su línea de pensamiento, es necesario matar a quien cometa crímenes atroces. La medida eliminaría de dos formas el peligro que acecha al país. Primero, borraría del mapa a cualquiera que atente contra la integridad de otro ser humano. Una amenaza simplemente desaparecería y dejaría de molestar. Si al icónico Anderson Daniel Cabrera Cifuentes se le hubiera aplicado la pena de muerte por sus crímenes, la tragedia del Hospital Roosevelt de agosto de 2017 nunca hubiera ocurrido. Es sencillo. ¿Matas? Mueres. Segundo, la solución funcionaría como un mecanismo de intimidación a cualquiera que pueda cometer estos delitos. Los guatemaltecos no violarían la ley porque no querrían enfrentarse a la hoz de su muerte. Los sucesores de Anderson Daniel no se inclinarían a transgredir las normas, pues sus castigos serían inminentes. Es sencillo. ¿Matas? Mueres.

 

¿Es esta idea realmente eficaz? Allí radica el debate de este espacio, estimado lector. 

 

 Fuente: Unsplash

 

Qué fácil sería si la pena de muerte fuera un hechizo que hiciera desaparecer el riesgo latente en nuestra sociedad. Un movimiento con el dedo y la situación quedaría resuelta. Hermosa sería la vida. No obstante, por más que quisiera que lo fuera, la pena de muerte no es una solución para garantizar la seguridad y el bienestar de los guatemaltecos. No asegura que se erradiquen las amenazas.

 

Las personas equivocadas pueden ser castigadas. Imaginemos por un momento. Un ciudadano señala a un inocente de ser el asesino de Marcos, nuestra víctima de la sopa de tomate. Si los hechos favorecen la acusación, el inocente podría morir y el crimen quedaría impune. Puede ser que la sociedad no se entere de que murió un perpetrador falso. Se trata de un riesgo que no podemos correr. Quizás usted está pensando que este grado de incertidumbre está presente en las otras leyes, pero la pena de muerte no funciona de la misma manera. La fulminante condena es totalmente irreversible. Se puede retirar a una persona de la cárcel o eximirla de cualquier castigo, pero no se le puede devolver la vida. 

 

La medida también atenta contra la dignidad humana. Su intención es garantizar la paz de los guatemaltecos, pero utiliza mecanismos contradictorios. Es cierto que todos deseamos que desaparezcan los asesinos, secuestradores, ladrones, violadores y acosadores, pero no podemos hacerlo si les quitamos su vida. ¿Cómo es posible que busquemos la paz al matar a otros? ¿Pretendemos cometer la misma atrocidad que estamos castigando? Es una decisión inmadura e hipócrita. Aunque cataloguemos a los delincuentes como los responsables del cáncer social, son seres humanos. Nadie tiene derecho a ultimar la vida de otra persona. ¿A dónde llegaremos si legalizamos la muerte de nuestros semejantes? ¿Acaso nos estamos vengando? ¿Estamos dispuestos a violar el derecho humano más elemental? ¿Quién nos da esa potestad? El Estado no funciona como un ente que decide quién muere y quién vive. No estoy proponiendo un argumento defensor de la religión o de una divinidad, sino una explicación que se apoya en nuestra humanidad. Se trata de una ley que promueve el retroceso humano y la actuación primitiva.

 

La pena de muerte no soluciona el problema en su raíz. Quizás puede erradicar el peligro que representa un bandido en específico, pero no extirpa el tumor maligno de la sociedad. Muchos de los malhechores que cometen crímenes aterradores tienen necesidades que deben satisfacer. Independientemente de la reprenda que potencialmente puedan sufrir, seguirán motivados a cometer acciones repugnantes debido a sus circunstancias de vida. Tal vez el vándalo secuestró a Marcos porque necesitaba el dinero de la sopa para subsistir. ¿Si matamos a estos individuos lograremos crear un ambiente sano para Guatemala? No. Los criminales seguirán naciendo y multiplicándose. Medítelo, querido lector. Si tomamos en cuenta la cultura y condición de nuestro país, la pena de muerte no favorece la desaparición de maleantes. La medida no es lo suficientemente eficaz para lograr su cometido. El problema seguiría vigente, listo para atrapar a quien se le coloque enfrente.

 

Entonces, ¿qué debemos hacer? A pesar de la complejidad de los hechos, estoy convencido de que la solución radica en la creación de condiciones de vida aptas para los guatemaltecos. Salud, vestido, hogar, educación y empleo. Aunque parezca utópico e inalcanzable, solo así viviremos en la sociedad que anhelamos.

 

El Estado no debe imitar el crimen, sino hacer justicia.

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